MANIFIESTO «DESNUDOS ANTE LA LEY»

Por unos cambios Legislativos Urgentes y Necesarios para Evitar la conducción de cualquier tipo de vehículo bajo la influencia del alcohol o/y otras drogas

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La Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico P(A)T y todas aquellas personas individuales y jurídicas, instituciones y asociaciones que quieran adherirse MANIFESTAMOS:

La seguridad vial es un derecho fundamental. La conducción de vehículos no solo implica una responsabilidad personal, sino una colectiva. Las calles y carreteras deberían ser espacios seguros para todos, sin embargo los siniestros de tráfico siguen cobrándose vidas cada día, una realidad intolerable en pleno siglo XXI. En 2023, según la Dirección General de Tráfico (DGT), 1.145 personas fallecieron en siniestros en carretera. En los primeros ocho meses de 2024, ya hemos perdido 792 vidas en el asfalto y eso, sin tener en cuenta las víctimas en ciudades y los heridos en siniestros. Esto no es solo un número; son tragedias que devastan familias y comunidades enteras.

El alcohol y las drogas son factores determinantes, representando un 29% de las causas mortales. Esta situación demanda una acción inmediata y contundente por parte del sistema legal, que a menudo falla en proporcionar la protección y el apoyo que merecen las víctimas. Necesitamos una legislación que no deje espacio para la ambigüedad, que proteja la vida de los ciudadanos y que tenga una respuesta ejemplar ante estos hechos, sancionando a quienes eligen conducir habiendo consumido alcohol u otras drogas.

Los datos indican que el sistema está fallando ante el grupo de conductores reincidentes, “infractores habituales”, que una y otra vez infringen, cuando no delinquen y no existe una respuesta eficaz para evitar que pongan en riesgo a las demás personas usuarias de la vía pública. En muchos casos se trata de personas con adicciones o problemas de salud que deben tener un tratamiento distinto al actual.

Denunciamos la indefensión ante la que se encuentran las víctimas de siniestros de tráfico que deben “enfrentarse” a una ley que no las protege suficientemente y a un sistema judicial que las ignora y no las escucha.

 

EXIGIMOS 

1.- La implementación de una ley de «Tolerancia Cero» para el consumo de alcohol y otras drogas al volante, que no contemple excepciones ni umbrales. Se debe, por tanto, establecer también la tasa 0,0 para el resto de drogas distintas al alcohol. Cualquier rastro de estas sustancias debe ser sancionado.

2.- Un tratamiento distinto para los infractores reincidentes, abordando los supuestos de adicción. Endurecer (o agravar) las sanciones en estos casos, con la retirada definitiva del permiso de conducir en caso de reincidencia y mientras no se acredita que se ha superado la adicción, y con penas de prisión para aquellos que provoquen siniestros con víctimas.

3.- Una investigación policial y judicial obligatoria en supuestos de siniestros con víctimas. Es inaceptable que muchos siniestros que resultan con lesiones o víctimas mortales no sean objeto de una investigación ni policial, ni judicial adecuada. Exigimos que se establezca la obligación de investigar todos los siniestros con víctimas, que se elabore un atestado policial teniendo en cuenta la protección de las víctimas y se instruya un juicio penal en cada caso, contando con el acompañamiento del ministerio fiscal durante todo el proceso. La justicia no puede ser un privilegio, debe ser un derecho.

JUSTIFICACION:

1. Riesgo cero, responsabilidad total: Cualquier cantidad de alcohol u otras drogas afecta las habilidades del conductor, aumentando el riesgo de siniestros con víctimas. Solo una ley de tolerancia cero puede eliminar las excusas y evitar las lagunas legales. La desigualdad en la tasa penal de drogas que establece la actual legislación crea un vacío legal que permite que conductores bajo la influencia de sustancias psicoactivas eviten las consecuencias de sus acciones. Establecer una tasa para el resto de drogas equivalente a la del alcohol, garantiza que todos los conductores sean tratados igual ante la ley.
2. Impacto en la vida familiar y social: Cada muerte o lesión grave por siniestro de tráfico destroza a familias y afecta profundamente a la sociedad. No podemos permitir que estas tragedias continúen.
3. Impacto económico: Reducir los siniestros provocados por el consumo de alcohol y otras drogas aliviaría el sistema sanitario, disminuiría los costos de reparación de infraestructuras y reduciría las indemnizaciones por seguros y pago de pensiones, además de otros impactos económicos en términos de pérdida de vidas.
4. Protección del derecho a la vida: Todos los ciudadanos tienen el derecho a transitar en calles y carreteras seguras. Esta ley garantizaría la protección de peatones, ciclistas, conductores y pasajeros ante aquellos que ponen en riesgo la vida ajena por conducir irresponsablemente.
5. Sanciones penales efectivas para la disuasión: Las sanciones actuales no son suficientes y no están teniendo el efecto preventivo que deberían. Es necesario un marco legal más riguroso que imponga sanciones eficaces a quienes conducen bajo los efectos del alcohol u otras drogas, asegurando la retirada definitiva del permiso a los reincidentes. La seguridad de la sociedad debe ser prioritaria, por lo que no se puede permitir que un conductor positivo en alcohol o drogas involucrado en un siniestro continúe al volante. Una medida que puede ser efectiva en estos casos para evitar la conducción es el comiso del vehículo.

PROPUESTAS:

1. 1. Tolerancia Cero: Establecer un límite de 0.0% de alcohol y otras drogas para cualquier conductor. Cualquier nivel detectable deberá ser sancionado.
   2. Incremento de controles: Se necesitan más controles aleatorios y frecuentes, tanto en zonas urbanas como rurales, para garantizar el cumplimiento de la normativa.
   3. Sanciones más eficaces: Aumento de las multas, penas de prisión y retirada preventiva e inmediata del permiso de conducir en casos de siniestros graves.
   4. Retirada definitiva del permiso: En casos de reincidencia, el conductor deberá perder de forma permanente su derecho a conducir.
   5. Programas de sensibilización: Obligación de participar en programas de rehabilitación y educación vial antes de poder recuperar el permiso, en caso de infracción.

• Investigación policial y judicial obligatoria: En los supuestos de siniestros con víctimas la ley debe establecer la obligatoriedad de realizar una investigación, como en cualquier otro caso de lesiones o muerte, estando acompañadas las víctimas por el ministerio fiscal durante el proceso penal y recibiendo el apoyo y atención que requieren.

CONCLUSIÓN:

Este manifiesto demanda un cambio legislativo que refuerce la seguridad vial, salvaguarde la vida de los ciudadanos y ponga fin a la impunidad de quienes conducen bajo los efectos del alcohol y otras drogas y respalde y proteja a las víctimas. Es urgente y necesario crear un sistema de sanciones ejemplares que no solo castiguen, sino que prevengan futuras tragedias en nuestras carreteras. El derecho a la vida debe estar por encima de cualquier otra consideración.