Falta de servicios públicos (privados) en el siglo XXI
Sin cajeros en los municipios, la gente mayor se verá obligada a hacer desplazamientos mucho más largos, hecho que les está exponiendo también a un riesgo mucho mayor de padecer un siniestro de tráfico.
He leído con atención un reportaje en el Punt-Avui sobre desabastecimiento de cajeros para sacar dinero en efectivo en más 400 municipios pequeños en Catalunya (casi la mitad). Los bancos retiran los cajeros más rápido que, en su momento telefónica, las cabinas de servicio telefónico.
Recuerdo que al llegar desde el norte de Europa a Catalunya en 1970 (en una ciudad grande del área metropolitana de Barcelona) era imposible tener servicio telefónico en mi casa antes de medio año (si llegaba). La sensación de incomunicación y mal servicio público era importante.
Más tarde, en los 80 y 90, parte del debate de servicios se centraba en garantizar suministro de electricidad, agua y teléfono a pueblos más o menos aislados. Y aún así, no todo esto se ha logrado – todavía hay pequeños núcleos con malos servicios públicos. Se consideraban más importantes los suministros de autopistas que de servicios básicos.
En la comunidad Europea se trabajaba en los 90 con sistemas para garantizar el servicio informático a localizaciones con poca población – en parte para dar servicios igualitarios a todos y para evitar despoblación del territorio.
Y ahora se descubre (algo que sabíamos) que hay lugares del territorio catalán, que de nuevo entran en una situación de desabastecimiento. La causa está en la falta de ética por parte de las empresas de servicios públicos, que no quieren dar este servicio básico a una minoría.
Las personas en nuestra sociedad (la gente mayor, como el que escribe) que no pueden realizar todas sus necesidades financieras mediante movimientos electrónicos, necesitan años – todavía – para aprender los detalles del ordenador o del teléfono móvil. Hay que tener en cuenta que no se mueven en los mismos códigos que las nuevas generaciones digitalizadas y por ejemplo necesitan sacar sin dificultad dinero en efectivo para sus pequeñas compras.
Además la escasez de cajeros les obliga a hacer desplazamientos mucho más largos, hecho que les está exponiendo también a un riesgo mucho mayor de padecer un siniestro de tráfico.
En este caso la administración municipal, autonómica y estatal nuevamente falla a la gente mayor. Indican con desdén que no tienen potestad para asumir una declaración de servicio público para facilitar sus servicios a la gente mayor.
En este caso, como en otros servicios, parece que las administraciones no piensan suficientemente en el ciudadano (como nos pasa cuando tocamos el tema de víctimas de agresiones en la sociedad – incluido víctimas de siniestros de la movilidad) y sus legítimas necesidades. El servicio de la población va detrás de los deseos de beneficios de las grandes empresas.
Por la junta de P(A)T
